El Baldón: ¿Qué es lo correcto?

25 julio 2016 | 22:48 hrs |

Por: José Miguel Cobián

 

Cuando me enteré de que un despacho de la ciudad de Puebla obsequiaba los amparos en contra del proyecto de cambio de destino del impuesto del 3% a la nómina traté de analizar –a pesar de ser parte interesada- si era correcta o no la actitud de los empresarios, y cuál sería la razón de su participación en dicho amparo, que al final no llegó a buen término, pues se buscaba evitar que la legislatura lo aprobara.  Cabe aclarar que hay otro en curso buscando el rechazo al cambio y ubicar como inconstitucional dicho cambio.

 

De entrada me llamó la atención que esos mismos empresarios que hoy se amparaban, a lo largo de las modificaciones que realizó primero el gobernador Fidel Herrera y posteriormente el gobernador Javier Duarte, no se opusieron, salvo verbalmente en reuniones de contertulios.   Ahora que saben que el próximo gobernador será Miguel Ángel Yunes, se sintieron en confianza para mostrar judicialmente su oposición.

 

Me cuestionaba en lo personal, pues no acababa de entender el porque unos empresarios de cámaras de comercio o industria se oponían a dicho cambio, que a fin de cuentas iba a beneficiar a sus pares, ya que serían empresarios de las cámaras de comercio e industria los que al fin recibirían su pago en un plazo no mayor a cuatro años.   Investigué con varios de ellos y las respuestas fueron desde defender al próximo gobernador (como si necesitara que lo defendieran), hasta lo presuntamente ilegal de la medida, y paso a explicar:

 

El primero me dijo que si él fuera a recibir el estado, no le gustaría que el dinero del 3% se utilizara para pagar adeudos atrasados, sino para realizar obra pública y como garantía de prestamos para las Pymes, como originalmente se había establecido el uso de dicho impuesto, cuando era del 2%.    Esta respuesta me pareció divertida, pues Miguel Ángel se va a convertir en el hombre más poderoso del estado en unos cuantos meses, y no necesita que alguien lo defienda, y menos con un amparo que de antemano se sabía perdido.  Ya sabrá que hacer el próximo gobernador, pues entre sus facultades está la de derogar dicho impuesto –dejando sin objeto los fideicomisos creados- y en su caso crear algún otro que lo sustituya pero no tenga un destino ya predeterminado en la gubernatura anterior.

 

Otro empresario me comentó que le parecía incorrecto que un impuesto se utilice para pagar deudas, ya que su destino debe de ser distinto a ese, y que sería fácil echarlo para atrás, con lo cual se perdía la garantía supuestamente generada con el cambio de objeto de dicho impuesto para los actuales acreedores.  A él le contesté que en lo personal yo prefiero que a todos los empresarios que nos deben dinero el gobierno nos lo paguen en cuatro años, y no perderlo para siempre.

 

Quise resaltar que si bien es cierto que puede haber deudas infladas e incorrectas por operaciones no realizadas o generadas con el fin de beneficiar a algún conocido. La mayoría (si no es que todas) las deudas que se establecen en los fideicomisos, son deudas reales, causadas en el ejercicio normal de gobierno.   Y todavía el gobernador electo no se ha pronunciado informando que pagará dichas deudas, por lo cual los acreedores del estado tememos que simplemente las desconozca y sea imposible cobrarlas, con el prejuicio consiguiente para empresas y trabajadores, e incluso para la propia economía del estado.

 

En esa discusión estábamos y me pregunta el mencionado empresario que es lo que yo propondría.  Le dije que en principio, Miguel Ángel tiene la inteligencia, capacidad y equipo de colaboradores, para poder diferenciar entre las deudas reales, y aquéllas que pudieran no serlo.  Que sería muy interesante investigar los adeudos y reconocer los que lo son en realidad, pues aquéllos que no lo sean, podrían llevar una hebra en dirección a algunos pagos realizados de manera incorrecta.  Y sobre todo, si la supervivencia de empresas y de empleos depende de que esas deudas se liquiden, es muy importante encontrar mecanismos para ello.

 

Inmediatamente brotó la queja, de que así pensaba yo porque a mi me debe una pequeña cantidad el estado. La respuesta fue contundente.  No hablo por mí, imagina lo que empresas pequeñas con cobros pendientes de menos de un millón de pesos sufren si no se les liquidan los adeudos. Imagina los beneficios para la economía de Veracruz si se pagan dichas deudas, y las empresas recuperan su ímpetu (obvio, las empresas que ahora sufren por falta de liquidez por no haber recibido sus pagos a tiempo).

 

No es posible pensar que todas las empresas que le vendieron algún bien o servicio al estado, y aquéllas que le proporcionaron algún bien en arrendamiento son falsas, u obtuvieron ganancias estratosféricas.  Si ese fuera el criterio, habría que medir con el mismo rasero a las empresas que le venden a la federación y a los ayuntamientos.

 

Siendo el gasto público un motor de la economía, el sólo pago de esos adeudos de gasto corriente, generaría una mejoría significativa en la ya de por sí decaída economía veracruzana.  Por ello, me suena muy rara la oposición de los empresarios aunque como ya lo expresé arriba, hay razones algunas más válidas que otras para el rechazo del cambio de uso del impuesto a la nómina que jamás se ha usado para lo que fue creado. Entiendo perfectamente la oposición de los diputados del PAN y del PRD, e incluso la misma oposición del gobernador electo.  Ellos tienen sus razones desde su perspectiva.

 

A los empresarios que se oponen, a las cámaras de comercio e industria, a los diputados hoy de oposición y al gobernador electo les pediría que si se oponen a dicho cambio o si lo van a revertir a partir del 1 de diciembre, le ofrezcan a todas esas empresas mexicanas y veracruzanas alguna alternativa para lograr recuperar lo que en derecho les pertenece.  Y también para seleccionar el trigo de la paja y sancionar a la paja.

 

Por eso, titulé esta colaboración ¿Qué es lo correcto? Y es lo que le pregunto a usted amable lector@

 

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