Duartistas contra campesinos

10 octubre 2016 | 14:18 hrs |

Por Ángel Álvaro Peña

Se enseña y se predica con el ejemplo, ésta parecería ser la consigna del estado de Veracruz ahora sumido en una gran mancha de corrupción en todas a sus áreas y estructuras.

Una vez que el gobernador actuaba con la garantía de la impunidad en su trabajo diario, algunos de sus colaboradores no quisieron quedarse atrás y así 717 millones de pesos supuestamente destinados para el fomento agropecuario fueron desviados por funcionarios, según detectó el Órgano de Fiscalización Superior al realizar auditorías al ejercicio fiscal de 2015.

De acuerdo con la Cuenta Pública de ese año, se encontraron graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario.

Siendo Manuel Martínez de Leo, el secretario estatal de Agricultura.

Derivado del análisis de los pagos registrados en el estado de cuenta bancaria No. 03718003002733252 de Banco Interacciones S.A., se determinaron salidas de las cuales no se identificó la instrucción de pago con su respectivo soporte por 636 millones de pesos.

En los estados bancarios de la cuenta 03718003002733252, también de Banco Interacciones S.A., se encontraron erogaciones sin que se presente evidencia de la autorización del Comité Técnico ni de la justificación para efectuarlos por 213 millones de pesos.

De esa misma cuenta fueron sacados 723 millones de pesos correspondientes a recursos federales para la compra de sociedades de inversión-instrumentos de deuda, registradas en la cuenta 100046487 de Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Sin embargo, se descubrió que no existe evidencia de que los recursos, posterior a la inversión, hayan sido depositados en la cuenta o subcuenta específica del componente correspondiente.

De acuerdo con el estado de cuenta de inversión con corte al 31 de diciembre de 2015, se mostró un valor de la cartera actual de 73 millones de pesos sin que presenten una integración que demuestre que estos recursos al cierre del ejercicio 2015 se encontraban comprometidos o devengados.

Se determinó que el Fideicomiso contrató y pagó servicios profesionales bajo la figura de honorarios asimilados a salarios de 29 trabajadores, por un total de 10 millones de pesos, cuando las
Reglas de Operación prohíben estructura técnica y administrativa.

No se tuvo evidencia de que se hayan ejercido en su totalidad los recursos por 935 millones de pesos integrado por distintos componentes acordados en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Veracruz.

Se descubrió que el Fideicomiso otorgó apoyos y/o pagos por un monto de 494 millones de pesos; sin embargo, en la verificación documental del gasto no existe evidencia de que el recurso haya sido entregado a los beneficiarios, así como que se haya verificado el seguimiento o avance físicos financieros que se le dio al otorgamiento de dichos recursos.

Es precisamente contra los campesinos veracruzanos que arremetieron los colaboradores de Javier Duarte; es decir, agreden al indefenso mientras intentan cubrirse de gloria ante los poderosos.

Lo cierto es que son delincuentes que deben tener un castigo desde el momento que dejan sin recursos a las áreas más frágiles de la sociedad veracruzana a la que han saqueado desde hace poco menos de seis años.

La impunidad que caracteriza a la administración de Javier Duarte en todos sus niveles se convierte ahora en un verdadero reto no sólo para la actual administración pública sino para el propio partido al que pertenecía el todavía gobernador, porque de no hacer justicia, más allá de la suspensión de derechos partidistas, el tricolor corre el riesgo de exponerse a una derrota el próximo año en las gubernaturas que están en juego: Coahuila, Estado de México y Nayarit.

La ruina financiera de la administración veracruzana, tiene muchos culpables y un solo motivo: la facilidad para alcanzar la impunidad en medio de escándalos que desprestigian a los funcionarios públicos abusivos, a la administración pública actual pero, sobre todo, a un partido político que pareciera no tener fuerzas suficientes para castigar a sus infractores.