Deudores o abusos

15 octubre 2017 | 16:39 hrs | Por Juan F. Aguilar de la Llave

APUNTES SOBRE FINANZAS.

El último año del gobierno de Javier Duarte fue difícil, controvertido y nefasto
para la economía y las finanzas del estado, manifestadas plenamente al inicio
del año 2016 después de hacer frente al pago del pasivo laboral de los meses
de diciembre y enero, que solo ocasionaron nuevos préstamos.

Falto de obra pública, de servicios y con grandes pendientes con los terceros
institucionales, la reclamación de cámaras y agrupaciones empresariales se le
acumulaban, siendo la respuesta el sistema de paguitos, que provocaban
hacinamiento de deudores en las oficinas de la tesorería de Sefiplan.

Por su parte los activos financieros del estado estaban ocupados para atender
la enorme deuda pública, como el ramo 28, el FAFET adelantado en el tiempo,
el Impuesto a las remuneraciones al trabajo personal, comprometido en un
Fideicomiso específico para infraestructura.

Los estados financieros mostrando cambios importantes en su balance, lo
mismo se mantenían cifras poco creíbles hasta otras escandalosas, tanto en el
activo como en el pasivo, como fueron los casos de valores pendientes de
realización y de pagos pendientes de realizar.

Con resultados electorales definidos y sin respuesta de pago a la deuda
circulante, algo que habría que hacer para dar una salida a las presiones
empresariales.

Hubo un o unos iluminados que le sugirieron a Duarte que la salida era
fondear la deuda privada con el Impuesto sobre erogaciones comúnmente
conocido como impuesto a la nómina, sin importar que este ya estaba
comprometido con el Fideicomiso que atendía los pagos de infraestructura que
el propio Comité que Duarte presidia había autorizado, que mantenía un
estimado de 600 millones de pesos de adeudo.

De esta manera en el 21 de julio de 2016 se publicó su solución en la gaceta
oficial extraordinario número 290 que contenía:
El Decreto 899 que diera el Congreso del Estado, por el cual se afecta el
impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal al pago del
pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el gobierno del
estado en favor de proveedores y contratistas y que sientan la bases para la
creación de fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este
objeto.(nunca se llevó a cabo)

El decreto consignaba un anexo con el número uno, el cual contenida un
análisis en dos tomos, de los adeudos por dependencia que sumaban 11 mil
millones de pesos.

La suma referida establecía que a proveedores el adeudo reconocido era de
5.3 mil millones, a contratistas 4.6 mil millones y a terceros institucionales 1.0
mil millones de pesos.

Lo interesante de la lectura al anexo es el número de deudores superior a dos
mil, la mayor parte son personas físicas, que al verlas te preguntas quienes
son, y porque a ellos se les contrato, compro o proveyeron de servicios, es
impresionante la manera de cómo están formados en los listados y cantidades
de miles de pesos, no de millones.

Estos proveedores personas físicas, el no haberles liquidado, seguramente
perdieron su patrimonio, para estas fechas deben estar haciendo cosas
diferentes a los de la administración de Duarte.

También hay personas morales de reconocida solvencia, como contratistas o
como proveedores. Las entidades que mayor adeudo presentan son la
Secretaria de Salud con 2.7 mil millones, la de Educación con 2.1 mil millones,
la de Infraestructura y Obras Publicas con 2.0 mil millones de pesos y
Seguridad Publica con 1.5 mil millones de pesos.

La administración de Duarte dejo pendientes de evaluar otros 57 mil millones
que había consignado en cuentas por pagar donde existe una Acta
Circunstanciada hecha por esta administración que la baja del balance y la
maneja al margen en cuentas de orden o de memoranda.

Ante el reclamo que se da en este año, después de nueve meses de
permanecer en silencio el Ejecutivo da puntual respuesta y manifiesta:
“Que es deber del Gobierno del Estado hacer frente a los reclamos de
legítimos proveedores que desde el primero de diciembre pasado han
presentado requerimientos de pago a los incumplimientos de la
administración anterior”.

Que desde el inicio de la actual administración las dependencias y entidades,
ejecutoras y usuarias del gasto empezaron a verificar las existencia de los
adeudos y se pudo conocer que dentro del listado, que los mismos no
provenían de una verdadera y legitima prestación de servicios o realización de
obras.

Por esta razón el Ejecutivo emite el acuerdo por lo cual se instruye a la
Secretaria de Finanzas a revisar y validar en su caso los adeudos
provenientes de la administración 2010-2016, publicadas el 27 de septiembre
en la gaceta oficial.

Los deudores que quieran cobrar deberán establecer un nuevo procedimiento
de cobro para demostrar que las obras realizadas sean efectivas , los insumos
o bienes entregados sean reales y que los servicios institucionales hayan sido
entregados o prestados; de acuerdo a la normatividad.

Para este propósito establecen un sistema digital mediante una página
exprofeso donde deberán registrarse, enviar la información, establecer.

respuestas por aclaraciones y en su caso acudir a Sefiplan a entregar
documentación original y aclarar dudas y pendientes.

Nombra responsable al área de finanzas y administración y puntualizan que no
cuentan con recursos para el pago del total pero que si pueden programar en
tiempo aquellos que sean reconocidos conforme a disponibilidades.

Si se da respuesta a este reclamo justo de muchos deudores del gobierno,
pero también existe la presunción que muchas de estos adeudos no son o bien
están sobrevaluadas.

En conclusión se establece un procedimiento de tiempo sin respuesta, que en
caso positivo te vas a la fila hasta que tenga dinero, donde seguramente se
empataran con la siguiente administración y luego solo dios sabe para cuándo
cobren.

JFA. 15.10.17

*Esta es la opinión personal del columnista.