Derechos Humanos versus Secretario de Gobierno

26 diciembre 2015 | 10:07 hrs |

Por Tomás Mundo

Con sentimientos encontrados: por un lado beneplácito porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos  mediante el comunicado de prensa boletín de prensa CGCP/385/15 señala: “atraerá e investigará la CNDH el caso de las personas jubiladas y pensionadas presuntamente agredidas por fuerzas del orden en Xalapa, Veracruz”

Y por otro, se confirma lo que muchos hemos criticado, la actitud pasiva, gris, servil del presidente de los derechos humanos del Estado, creo que por fortuna y para fortuna de los derechos humanos y de los veracruzanos, ya se va.

Y espero que la CNDH con ese carácter y fuerza moral de que goza, se haga presente y resuelva, que efectivamente se violentaron los derechos humanos de los pensionado y jubilados, son dos las autoridades que de primera mano son visibles, me refiero en forma activa: seguridad pública y el titular de la secretaría de gobierno.

Las planas de los periódicos locales y algunos nacionales dieron cuenta de tales hechos reprobables.

Uno de esos testigos fueron el diputado local Ricardo Ahued, que desde la tribuna del Congreso levantó la voz y pidió castigo enérgico para quienes ordenaron tal acto.

Luego, el senador de la República Héctor Yunes se solidarizó con las víctimas y también fue enfático en pedir que se castigue a quien dio la orden de desalojar violentamente a quienes se manifestaban.

Ni tardo ni perezoso el Secretario de Gobierno acusó recibo de tales reclamos y aceptó haber dado la orden de desalojo, por ende, responsable de tales actos como autor intelectual; y la Secretaría de Seguridad Pública como ejecutora.

Se levantaron voces, como el presidente de Canaco Veracruz que pidieron la renuncia del Secretario de Gobierno, se aplaude tal petición, pero no basta, debe ser sancionado el Secretario de Gobierno conforme a la ley.

El Secretario en un alarde de soberbia contestó que no tenía por qué renunciar habida cuenta que lo único que hizo fue cumplir el mandato legal de velar por la seguridad de los veracruzanos.

Recordemos que todos los funcionarios, según el artículo 128 de la Carta Magna protestan guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Y el artículo 48 de la Constitución Local -tomé el dato de la página oficial del Congreso del Estado- señala:

“que en las ausencias temporales del Gobernador del Estado, se observarán las disposiciones siguientes.

I.- Podrá ausentarse hasta por diez días naturales, parece que estamos en esta hipótesis, sin necesidad de dar aviso al Congreso, quedando encargado del despacho el Secretario de Gobierno.

Y en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 26 de mayo de 2015, señala una seria de facultades entre otras, la responsable de coordinar la política interna del estado, etc, etc.

Y hay más facultades, pero también obligaciones, como las que expresamente se señalan en el párrafo tercero del artículo 1 de la Carta Maga, que me permito transcribir:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Y podemos citar mas leyes, incluso tratados internacionales y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ¿le sirve de algo todo esto a los pensionados y jubilados que fueron golpeados porque el Secretario de Gobierno dio la orden?

Si esto no pasa del mero discurso oficial, seguiremos en presencia, como en muchos otros casos, que el derecho solo lo utilizan las autoridades cuando quieren justificar su actuación ilegal.

Pongo varios ejemplos:
¿Actúan igual cuando se ponen grupos sociales a modo, muchas veces, financiados por el propio gobierno para ocupar la plaza Lerdo y que no lleguen a manifestarse los verdaderos manifestantes?

Y hay mas ejemplos de diversos grupos, a los que se les impide llegar a Xalapa a manifestarse, ¿es esa la gobernabilidad que marca el artículo 18 de la Ley Orgánica, la ley para unos de una manera y para los enemigos, de otra?

¿Sirve a un estado democrático un Secretario represor de los derechos humanos?

Y más, ¿tenemos que refrescarle la memoria, lenguaje del nuevo sistema de justicia penal, al Secretario de Gobierno, que existen tres grupos de derechos humanos: de primera, segunda y tercera generación, y que a los derechos sociales –de segunda generación- pertenecen los derechos de los pensionados y jubilados que mandaron golpear?

Creo que es muy fácil, si se aplica la ley, saber en qué terminará esto, y si el senador Héctor Yunes Landa, quien dijo: “me mantendré particularmente atento que quién o quiénes resulten responsables del acto represivo del día de ayer sean ejemplarmente castigados.”

Y si muchos de nosotros le damos seguimiento en la CNDH:
En una recomendación al Gobierno del Estado de Veracruz, para que se sancione al Secretario de Gobierno.