Depende de Winckler que Bermúdez se quede en la cárcel

Tiene que corregir el proceso en su contra; especialistas consideran que violó derechos del exsecretario lo que le permitiría salir en libertad, de acuerdo al nuevo Sistema de Justicia Penal

6 febrero 2017 | 21:33 hrs | Vicky Hernández R.

Xalapa, Ver.- El Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortíz, junto con los órganos ejecutores como la Contraloría del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), además de los jueces, son los únicos responsables de que se queden en la cárcel ex funcionarios que desfalcaron el estado de Veracruz con recursos públicos, a quienes les imputan el delito de enriquecimiento ilícito.

Un juicio de oralidad perfecto es la única opción que tienen las autoridades de procurar e impartir justicia en el estado, para lograr el encarcelamiento de quienes hasta la fecha están señalados y tuvieron participación en esa irregularidad: Gabriel Deantes, Tarek Abdalá (en proceso su desafuero del Congreso federal), Mauricio Audirac, Leonel Bustos, este último acusado por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular http://www.noreste.net/noticia/queda-en-libertad-ex-titular-del-seguro-popularveracruzano/, y el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, detenido el viernes 3 de febrero de 2017 http://www.noreste.net/noticia/detienen-a-arturo-bermudez-zurita/.

Sin embargo, en la primera audiencia de Bermúdez Zurita en el Penal de Pacho Viejo, quedó evidenciada la violación de sus garantías. En la evaluación de su patrimonio que presentó la Contraloría General del Estado como prueba del único delito imputado de enriquecimiento ilícito, no convocaron al ex Secretario de Seguridad Pública, lo cual constituye un atentado a sus derechos, citó su abogado defensor y ex subprocurador, Fidel Ordoñez Solana.

Aunado a otros errores cometidos en el procedimiento, como la publicación de una fotografía del ex Secretario de Seguridad Pública con un chaleco naranja que lo ubica como indiciado, violenta sus derechos humanos de acuerdo a Tratados Internacionales.

El juicio podría durar de 6 a 10 meses, aunque su defensor legal dice que la Fiscalía no ha podido, ni podrá comprobar el delito de enriquecimiento ilícito.

“Tiene que ser probado debidamente de manera fehaciente, clara, no puede ser una interpretación”, considera en entrevista.

Hasta hoy el único delito imputado al ex funcionario es enriquecimiento ilícito, no hay otro por presunta malversación de recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, ni secuestro u homicidio, como lo han señalado diversas publicaciones periodísticas.

El Gobierno no está capacitado para Hacer Justicia a los veracruzanos El enriquecimiento ilícito no es un delito grave por esto Arturo Bermúdez tiene derecho a la libertad preventiva. Además que en el Sistema Acusatorio Adversarial, que es el proceso que da las bases necesarias para tener un sistema procesal oral acusatorio, y que es lo que se conoce también como juicio oral, con el que se explicará y tratará de defender en todo momento la presunción de inocencia del imputado.

Con el nuevo Sistema Adversarial penal no se trata de llevar a la cárcel a todo el mundo, al contrario es despresurizar las prisiones, incluso la negociación de la pena está permitida, pero las autoridades tienen que demostrar con evidencias que el imputado tiene, por ejemplo si alguien tuviera 25 casas adquiridas con dinero ajeno, cantidades millonarias obtenidas de manera ilícita, que hay socios y cómplices, pero todo esto tienen que probarlo, no basta con meter a la cárcel y decir ya cumplí, explicó el abogado especialista y ex funcionario en el gobierno de Miguel Alemán, Tomás Mundo Arriasa.

Los veracruzanos estarían tranquilos si logran recuperar los bienes aunque no pisen la cárcel, porque se haría justicia.

Explica que si fueran unos pillos, constitucionalmente la Fiscalía está obligada a demostrarlo con pruebas.

Para el especialista en Juicios Orales, los jueces también son responsables de dejarlo libre o en prisión siempre y cuando conozcan cómo se aplica el nuevo sistema.

La única manera de encarcelar a exfuncionarios que desfalcaron recursos públicos en el sexenio duartista, es que la Fiscalía realice una oralización casi perfecta.

Los vicios que todavía se presentan en los juicios y que delincuentes queden libres, tienen que ver con la falta de políticas públicas en la FGE y en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia; el desconocimiento del nuevo sistema acusatorio, porque no hay capacitación; el “maridaje” legal que hay entre fiscalía y jueces, aunado a que del total de impartidores de justicia 50 son interinos, no presentaron examen de oposición en el Consejo de la Judicatura por lo que se desconoce su capacidad y aun así, dictan sentencias en los procesos judiciales, acusó.

“La justicia se vende y compra como cualquier producto. El gobierno no ha asumido su responsabilidad”.