Corresponsabilidad legislativa

13 agosto 2017 | 19:45 hrs | Por Juan F. Aguilar de la Llave | Juan F. Aguilar de la Llave

APUNTES SOBRE FINANZAS.

El Estado Moderno en un país democrático está constituido por un poder supremo que se compone de tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los mismos tienen una cualidad similar de importancia y deben trabajar conjuntamente para mantener el orden en la nación.

Veracruz está constituido de la misma manera por un poder supremo; nos referiremos uno de ellos el Poder Legislativo, constituido por cincuenta diputados.

El diputado es un individuo que es designado a través de una elección popular y que elige el pueblo; decisión por la cual se convierte en su representante. Hay otros diputados de acuerdo a la legislación vigente, que son designados por los partidos políticos, estos no son electos por el pueblo, no hacen campaña política.

La función principal de los diputados es la de discutir y aprobar leyes que promuevan la satisfacción de las necesidades del pueblo que los eligió, básicamente dirigidas a brindarles seguridad, salud, empleo educación, acciones que sintetizan en una mejor calidad de vida.
Son los encargados de aprobar los presupuestos de ingresos y egresos de fiscalizar las acciones y la aplicación de los recursos y tienen la potestad de interpelar a funcionarios de los otros poderes para que expliquen en detalle algún asunto que repercuta.

Los diputados disfrutan de inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el
ejercicio de su encargo. No pueden ser juzgados ni condenados por las manifestaciones expresadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, siendo esta protección
vitalicia; por lo que: Tiene libertad de expresión, libertad de voto indelegable; derecho a preguntar o a interpelar al gobierno; derecho a solicitar sesiones extraordinarias, derecho a
emitir leyes o reformas; derecho a interponer: Toda acción o ley que requiera el Ejecutivo de su aprobación, debe ventilarse en la sede del Poder Legislativo.

El Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado que tendrá su residencia oficial en el municipio de Xalapa-Enríquez, Veracruz.
El Congreso de Veracruz de acuerdo a su ley Orgánica tiene XLVIII atribuciones, todas vinculadas con la actividad política del estado, incluidas las que se refieren a los municipios.

En síntesis estamos hablando de un poder real; de un auténtico protagonista de la vida pública de Veracruz. Sus resultados están consignados en leyes, decretos o acuerdos, donde se definen mediante votos por mayoría simple o calificada, su duración es de tres años.

En los últimos doce años Veracruz se endeudo con más de cuarenta mil millones, pasivos que la SHCP reconoce atendiendo al origen financiero, para que esto se diera tuvo la autorización del Congreso del Estado en sus diversas legislaturas.
La autorización mayor se dio en agosto de 2011, cuando se autorizó una restructura por 12 mil 600 millones de pesos y la contratación de nuevos créditos por 17 mil 400 millones de pesos para pagar obligaciones con terceros pendientes de pago derivadas de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes.

El total del Decreto 289 importo 30 mil millones de pesos, y su ejecución estuvo a cargo de la Secretaria de Finanzas cuyo titular era Tomas Ruiz. Todas los registros y la deuda publica incluidos los bonos cupón cero han sido autorizados por el Congresos del estado, es decir son legales.

¿Qué falto se preguntaría el ciudadano?, simplemente su aplicación, que paso con tanto dinero, a los bancos seguro se les liquido por la restructura, ¿pero se les pago a los proveedores el faltante?, cuando menos no se ha transparentado.

Como los Diputados tienen amplia libertad para intervenir en la vida pública del estado, estableció por medio de acuerdos medidas que son vinculantes con normas establecidas previamente; estos son los casos:

Acuerdo del 17 de marzo del 2017, en que se autoriza a los 212 municipios que así lo determinen a disponer de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social y de Demarcaciones del DF del 201, para pagar obras correspondientes al 2016.

Este acuerdo es dado en nombre del pueblo; sin embargo se trata de fondos federales normados por la Ley de Coordinación Fiscal artículos 25 y 32 y los lineamientos anuales, siendo el área normativa la Secretaria de Desarrollo Social.

Decretos 248, 249,250 y 251, por lo que se autoriza a diversos ayuntamientos a celebrar contrato para la creación de una Asociación Publica Productiva para la prestación de los servicios para le gestión integral de operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público con equipos de tecnología LED.

Lo raro de esta autorización es se designa a una empresa favorecida, la norma cita que para llevar a cabo esta asociación deberá haber convocatoria, licitación y asignación en su caso.

Finalmente:

Acuerdo de fecha 31 de julio del 2017, por el que reforma el resolutivo tercero del acuerdo por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que asistido por el Secretario de Comunicaciones, otorgue el título de concesión estatal que permita construir, operar, explotar, conservar el tramo carretero Plan del Rio, cuyo plazo es de treinta años, este podrá prorrogarse por otro periodo a la actual concesionaria, cuyo vencimiento pudiera ser hasta el año 2063.

Podemos concluir que los diputados son un poder real constituido en el Congreso del Estado, que pueden hacer lo que a su juicio convenga a los intereses del pueblo, o hasta donde su actuación se los permita otro poder.

La pregunta es. ¿Los funcionarios municipales podrán evitar responsabilidades futuras por usar fondos 2017 a obras 2016; Podrán estos mismos funcionarios omitir lo que señala la ley de Asociaciones Publicas Productiva para asignar un contrato a un proveedor previamente beneficiado si mediar convocatorias ni licitación?

Y desde luego el Ejecutivo con el acuerdo para el libramiento podrá ampliar la
concesión hasta el 2063.

En conclusión es corresponsable el Congreso de la suerte financiera de
Veracruz. La respuesta es no, solo tendrán el juicio de quien los eligió: El
Pueblo.

JFA 11.08.17

*Esta es la opinión personal del columnista.