Caso de los Porkys: Responsabilidad de la Fiscalía

31 marzo 2016 | 22:15 hrs |

Mas allá de ver el fondo del asunto, que desconozco los medios de prueba que existan. Creo que en este caso, como en muchos que lleva la fiscalía, ha asomado su cabeza la impunidad, y no lo digo por el poder político o económico que tengan los padres de estos cuatro muchachos. La impunidad es una silueta que pasea diario por los pasillos de las fiscalías.

Mas allá si a alguno de los padres de uno de los muchachos –como se ha escrito en medios nacionales se le vincula a un exgobernador –para más señas, al cónsul que está en Barcelona, para más señas, FIDEL HERRERA BELTRÁN, y se le vincula con la delincuencia organizada- es respetado y temido por eso, creo que el actuar de la fiscalía ha sido negligente, deficiente e indiferente.

Es inadmisible como abogado, el oír que el fiscal diga que estamos en tiempos de los 180 días que marca el código procesal, porque todavía no opera en esa jurisdicción, puerto de Veracruz, el nuevo sistema de justicia penal; y el valor preponderante del párrafo tercero del artículo primero de la Carta Magna que obliga a todas las autoridades del país y velar por la progresividad de los derechos humanos? Ese artículo, en que se sustenta el argumento de la fiscalía de los 180 días es inconstitucional y como fiscal, se lo mandata su propia ley orgánica, debería inobservarlo; tal y como se lo exige el artículo constitucional y la jurisprudencia de la suprema Corte de Justicia de la Nación; en esto radica su indiferencia.

Caer en el juego de que si el video es indicio o no, y tantos pretextos que busca la fiscalía para evadir su responsabilidad, y lo más importante velar por el desarrollo psico-sexual de la menor, donde queda?; donde está el privilegio del bien jurídico tutelado de este delito?

En esto radica su negligencia.

En Estados Unidos, estos tipos estarían sentados ya ante un juez, sosteniendo vía contra interrogatorio y saber fácilmente su versión real.

Ya estarían en prisión, declarando ante un juez y de frente a la sociedad por la conducta probablemente constitutiva de delito.

Pero no ante un juez como los de acá; sin un curso de preparación en el sistema adversarial, o con capacitación quien sabe en que escuela dictando la resolución quien sabe en qué sentido.

Pero tampoco tendrían un fiscal como el que tenemos nosotros.

El fiscal ha sostenido que no han salido del país los probables responsables. Ya giraría oficio respectivo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para decirles que tienen prohibido salir del país estos muchachos?

O son parte de la protección que da los 180 días también?

Lo que veo es que amparado en términos y discusiones en medios, la víctima ha sido revictimizada. Y más cuando el fiscal lanza la amenaza: “hay muchas cosas en el expediente que no podemos exponer”. Entiendo una amenaza velada contra la victima. Cuando lo mas fácil es actuar con las evidencias que existen. Y no esperar dos o tres años para aplicar justicia, si eso es aplicar justicia.

Con la misma facilidad que resolvió exonerar a los funcionarios estatales que acusaba la Auditoria Superior de la Federación –menos de dos días- de haber desviado millones de pesos del erario público, así debió haber actuado, con esa rapidez,  en este y en todos los casos, y no recurrir al concepto retrógrada de esos 180 días.

Con la misma facilidad y rapidez con que consignó a los ex alcaldes de Coatepec, Medellín; y con la misma firmeza con que actuó con Mary José Gamboa; así con esa misma mística debe actuar.

Y si vamos al plano internacional a favor de la víctima operan la Convención Belem Do Pará; y la Ley de los Tratados de Viena; y la misma Convención Americana de Derechos Humanos.

Misma que en su artículo primero, descansa todo el peso de la protección de los Derechos Humanos.

Y en el artículo 1.1 se consagra la obligación de los estados parte de “proteger” y “garantizar” los derechos humanos.

La obligación de garantía implica el deber del estado de organizar todo el aparato gubernamental a través de la cual se manifiesta el poder público, de manera que sea capaz –el estado- de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

La corte interamericana ha determinado que garantizar significa la obligación del estado de tomar todas las medidas necesarias para “remover” los obstáculos que puedan existir para que los individuos disfruten de los Derechos que la Convención Americana reconoce.

En esto radica a mi juicio la responsabilidad del estado, repito, en este y en muchísimos casos, donde las víctimas callan.

Esta es la filosofía de la fiscalía los próximos años que le restan de operatividad legal?

Y el derecho donde queda?