Avalan entrega de información ligada a Duarte

Se autorizó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregue a la PGR datos financieros de 23 empresas contratistas y “fantasma”

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18 mayo 2018 | 18:08 hrs | REFORMA | Nacional

Ciudad de México.- Un juez federal autorizó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregue a la PGR la información financiera de 23 empresas contratistas y “fantasma” vinculadas a los presuntos desvíos del Gobierno de Javier Duarte, desde el 2010 al 2016.

También autorizó que la CNBV entregue los informes correspondientes al mismo periodo de una cuenta en CIBanco a nombre de Javier Nava Soria, el contador de varias de las empresas “factureras” que supuestamente triangularon recursos del erario en beneficio de los prestanombres de Duarte.

Dichos requerimientos fueron resueltos hoy en una audiencia por Gerardo Moreno García, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, quien concedió la entrega a la PGR de las cuentas bancarias y sus contratos de apertura, los estados de cuenta y la documentación de las operaciones, del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2016.

Contratistas

Seis de las compañías se encuentran en el padrón de proveedoras del Gobierno de Veracruz y participan legalmente en procesos de contratación, entre ellas tres constructoras que recibieron de la Administración de Duarte contratos por al menos 479 millones de pesos.

Dichas personas morales legalmente constituidas son Aglomerados de Concreto del Papaloapan, Constructoras Asociadas El Papaloapan, Construcciones Enremex, Galia Textil S.A. de C.V., Farmacias de Genéricos y Evolución de Diseño ARG.

Nely Nabor Alvarado, Fiscal de la PGR, reveló en la audiencia que la dependencia federal investiga a las dos primeras constructoras.

Las seis empresas hicieron depósitos a tres compañías “fantasma” donde el ex Gobernador presuntamente lavó dinero.

“Factureras”

Las otras 17 sobre las que se pidió la información son las que presumiblemente sirvieron de intermediarias para hacerle llegar a Moisés Mansur Cysneiros y Alfonso Ortega López, presuntos testaferros de Duarte, una suma de 439 millones 162 mil 979 pesos, a través de una compra simulada de terrenos en Campeche.

La mayoría de esas empresas están relacionadas con transferencias a Ortega, quien en octubre de 2016 se convirtió en el primer testigo colaborador de la investigación de la PGR contra el ex Gobernador veracruzano.

Sus nombres son Billonarios S. de R.L.; Araxaxa Comunicación S.A. de C.V.; Asesores Kcreativos Losrac S. de R.L.; Diseño y Construcción Ucumari; Farmacia y Construcciones; Healthy Strategy MDSO; Medical Laboratory; Servicios de Salud y Estrategia Química.

También Duasol Comercializadores; Inmobiliaria Cartujano; Blake Estrategias Publicitarias; Vetsco; Negocios Auténticos; Pasión Corporativa; Construcciones Yucada; Rianer y Misiamés.

La Fiscal federal Nely Nabor dijo que la PGR requería esta información porque, en el caso de las empresas, desconocía fechas y detalles de los montos relacionados con el dinero desviado en favor de Alfonso Ortega.

En el caso de Nava Soria, la funcionaria justificó la necesidad de los informes, porque con esos datos podrá establecerse su relación con Inmobiliaria Cartujano, que administraba Moisés Mansur, y José Juan Janeiro Rodríguez, el asesor financiero de Duarte que hoy también es testigo colaborador.

Dinero de cada quien

Nabor también expuso que era necesario conocer los detalles de los depósitos de empresas contratistas en favor de empresas “fantasma” que fueron utilizadas para desviar dinero del erario en favor de los presuntos prestanombre de Duarte.

Este punto fue el único que ameritó que el ex Gobernador tomara la palabra durante la audiencia, en la que también estuvo presente Nava Soria.

“No tengo en este momento ubicadas a estas empresas, porque son miles y miles las que están inscritas en el padrón de proveedores, y tampoco es mi función, pero lo que me llama la atención es si estas empresas hicieron algo indebido, si fueron denunciadas; porque, si sí cumplieron puntualmente, si hicieron las obras o entregaron los entregables, entonces lo que no entiendo es en dónde encuadra mi participación, porque se les pagó un determinado oficio o actividad.

“Cada empresa puede hacer con su dinero lo que a sus fines convenga, simple y llanamente se les pagó… y aquí la parte que no entiendo es ¿de dónde viene la ilicitud?, esa es mi duda, ya lo que hicieron después las empresas con su dinero ya no tiene nada que ver con el Gobierno de Veracruz”, dijo Duarte.

Sus abogados Ricardo Sánchez Reyes Retana y Carlos Ríos Peralta atacaron la petición de informes bancarios con el argumento de que la PGR no emplazó a los dueños de las empresas ni estableció si tenían la calidad de imputados, lo que violaría su secreto bancario.

También dijeron que si en el futuro es cancelado el beneficio de criterio de oportunidad otorgado al colaborador Alfonso Ortega -lo cual solicitarán- sería irreparable el daño que causaría ventilar los informes financieros, pues la PGR basó la petición de éstos en el testimonio de dicho testigo.

El juez descartó los cuestionamientos porque consideró que con la información financiera, más allá de tratarse de empresas de terceros y la calidad jurídica de éstas, se pretende aclarar los hechos imputados a Duarte y Nava Soria.

Consideró que si la norma fuera sólo revisar la información bancaria personal del acusado, no sería posible una investigación.

“No sé si al final les va a perjudicar o beneficiar, pero les puede ayudar a sostener su teoría del caso… ¿Que por qué no han sido requeridas las empresas que sí son ilícitas? Muy simple, porque a la Procuraduría y a la Fiscalía les corresponde el ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público sabe cómo, cuándo y dónde”, reviró el juez.