Autopista Laguna Verde-Gutiérrez Zamora: retraso y daño ambiental

Es una de las promesas de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto

Construcción de la autopista Cardel-Poza Rica. Foto: Saúl Ramírez.
8 enero 2018 | 9:24 hrs | Palabras Claras

Exclusiva Palabras Claras

 

En recorrido realizado por Palabras Claras a la autopista en construcción Cardel-Poza Rica, tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora, una de las promesas de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto, al día de hoy la obra se encuentra seriamente retrasada y con diversos daños ambientales, en aquella zona del Golfo de México, como han venido señalando diversos grupos ambientalistas.

A pesar de que se anunció que esta carretera federal va a ser inaugurada en mayo próximo, de acuerdo a los avances de obra observados en diversos tramos, sería una tarea titánica cumplir con esa promesa. En la zona de obra, en diferentes puntos, sólo se pudieron observar delimitaciones del derecho de vía, apertura de los tramos carreteros, algunos otros con simples desmontes y estructuras de puentes colocados cerca de los ríos.

Cabe mencionar que desde la década de los 80 del siglo pasado, la zona de Laguna Verde en Veracruz, ha estado en medio de la polémica, debido a inconformidades de la población, que acusa de riesgos ambientales y de que no se procura la seguridad de las personas de la región, que incluso han trascendido más allá de las fronteras nacionales. Como muchos podrán recordar, en ese tiempo la construcción de la primera planta nucleoeléctrica del país generó fuerte rechazo social y muchas dudas respecto a sus procesos de operación.

Foto: Saúl Ramírez.

Y el problema de la planta nucleoeléctrica no ha sido el único en la discusión pública. La sociedad y varias instituciones privadas se han manifestado en torno al desarrollo regional y del sistema de carreteras y caminos contemplados en su Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), diseñado para salvaguardar la vida de la población en caso de un incidente que obligara a una salida masiva de trabajadores y residentes.

Adicionalmente, uno de los temas más vigilados por la sociedad es el que tiene que ver con la preservación de los ricos recursos naturales del sistema lagunar de la Mancha y El Llano junto a otros estratégicos cuerpos de agua en toda esa área.

En los meses recientes, y esgrimiendo argumentación ambiental, los habitantes de la zona se han manifestado en contra del desarrollo minero Caballo Blanco, que contra todo, se realiza sobre el cerro de La Paila, ubicado entre los municipios de Actopan y Alto Lucero, justo enfrente de la nucleoeléctrica.

Foto: Saúl Ramírez.

Ante este proyecto de extracción de oro y otros metales, aún se recuerda la vigilancia social sobre la modernización carretera del tramo Cardel-La Mancha y el cumplimiento de los rigurosos estudios y compromisos de impacto ambiental aprobados por la SEMARNAT en esos años. Y nadie olvida el trabajo coordinado de diversos centros de investigación, autoridades municipales y residentes de esos municipios, para obligar que las diversas obras de impacto regional, se realizaran con los respectivos criterios de protección de la flora y fauna, de las ruinas prehispánicas y de la riqueza paisajística de esos sitios.

También recuerdan con amargura que el tramo desde La Mancha a Laguna Verde jamás fue modernizado, a pesar de que se aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) mediante oficio SGPA/DGIRA.DG.1706.09 de fecha 24 de abril de 2009, en poder de Palabras Claras, que condicionaba las obras a medidas específicas de prevención, remediación, mitigación y compensación. Hasta ahora, ese tramo está convertido en un peligroso y estrecho camino que no reúne las exigencias de protección civil que exige una planta nucleoeléctrica.

Resolutivo emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a tráves de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

Se suponía que a principios del año 2000, por fin se iba a realizar la construcción total de la autopista de cuota, de cuatro carriles, que comunicaría a Ciudad Cardel con Tihuatlán, con una longitud de 203 kilómetros, utilizando en gran parte, el derecho de vía de la actual carretera federal 180 y creando un trazo nuevo a partir del municipio de Vega de Alatorre.

Para iniciar esa obra, el 14 de diciembre de 1999, mediante oficio 008198, la SEMARNAT aprobó la MIA presentada por la SCT, condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones para la ejecutora, entre ellas la de no afectar de ninguna manera a la flora y la fauna silvestre y la obligatoriedad de cuidar los ríos, cauces y escurrimientos de agua hacia la costa, con el compromiso de constituir para la supervisión ambiental de los trabajos carreteros, un grupo de cinco expertos ambientales que cuidarían el estricto cumplimiento del resolutivo de la MIA.

Pasaron los años y ese proyecto integrador no se realizó. Sin embargo, desde hace dos años, el gobierno federal empezó, con más opacidad que claridad, la construcción de una autopista desde Laguna Verde hasta la localidad de Totomoxtle en Papantla, para conectarla con el tramo ya construido desde dicha comunidad totonaca hasta la ciudad de Tihuatlán.

El impacto al medio ambiente afectará la flora y fauna, de las ruinas prehispánicas y de la riqueza paisajística de esos sitios. Foto: Saúl Ramírez.

Las autoridades federales ignoraron que ese nuevo trazo ocasionaría necesariamente un segundo impacto ambiental a la estrecha zona del proyecto, ya acontecido cuando se construyó la carretera 180 mencionada.

Esto demuestra que la vieja exigencia de la SEMARNAT para el estricto cuidado de los recursos naturales de la región, se ha diluido completamente, al otorgar una autorización a modo y con menores condicionantes ambientales para la construcción de esta nueva rúa.

La construcción de la autopista Laguna Verde-Gutiérrez Zamora, concesionada a un grupo extranjero, y que enlazará la zona sur con el norte del país, provoca desde ahora daños ambientales, destrucción de ecosistemas, riesgo a los asentamientos humanos y augura afectaciones a la economía local, además de estar mostrando serias fallas constructivas y problemas en las negociaciones para adquirir los derechos de vía. La población de los municipios donde se construye la obra, se queja y coincide en que una vez quede concluida, la autopista dejará fuertes afectaciones ambientales y mínimos beneficios a la economía de la región.

Puente construido y abandonado sobre el derecho de vía de la actual carretera federal 180. Foto: Saúl Ramírez.

Mediante una licitación pública convocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 31 de julio de 2014 el consorcio portugués Mota-Engil obtuvo del gobierno mexicano el título de concesión para construir, operar, administrar y mantener la autopista que comunicará a las ciudades de Cardel y Poza Rica, en el tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora, en una extensión de 129 kilómetros que inicia frente a la planta nucleoeléctrica y termina en el poblado de Totomoxtle citado.

La obra de infraestructura carretera, cuya concesión por treinta años terminará el 30 de julio de 2044, se sitúa en los municipios de Actopan, Alto Lucero, Vega de Alatorre, Misantla, Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Gutiérrez Zamora y Papantla. Según el documento aprobado por SEMARNAT, el tramo Laguna Verde a Emilio Carranza será mediante una carretera del tipo A4 (cuatro carriles de circulación), mientras que de Emilio Carranza a Totomoxtle será un viaducto A2 (dos carriles). La autopista, en la que se invertirán 3, 470 millones de pesos, permitirá hacer el recorrido en una hora y quince minutos, con un previsible ahorro de 80 minutos de viaje, según la página web de la concesionaria. Se espera que por esa rúa se trasladen alrededor de 3 mil 500 vehículos diarios.

Trazo de la autopista en el cruce con la carretera a Plan de las Hayas, Veracruz. Foto: Saúl Ramírez.

Para este proyecto, la constructora Mota-Engil se asoció con las empresas Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura y MEP Latinoamericana. El banderazo de inicio fue el día 27 de agosto de 2014, y estuvo a cargo de Gerardo Ruíz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), acompañado por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Ese día se anunció que la autopista empezaría a operar en agosto de 2017.

Para el inicio de las obras, la SCT inició la liberación de los derechos de vía, obteniendo la propiedad o renta de las tierras ocupadas, en una franja de 60 metros de ancho a todo lo largo del proyecto. Sin embargo, y con el fin de apurar la obtención de todos los derechos de vía que la dependencia federal no pudo conseguir, en mayo de 2017 la instancia celebró un convenio con el gobierno de Veracruz, iniciando a partir de ese momento los procesos de expropiación de diversas fracciones de terreno. Los demás propietarios que continúan renuentes a la negociación, aducen que les quieren pagar a precios catastrales y no con los valores comerciales que tienen sus tierras.

Pero no únicamente los problemas del derecho de vía están poniendo en riesgo la terminación de la obra y la frágil estabilidad económica de la zona. Grupos de ambientalistas, productores, comerciantes y vecinos de las poblaciones cercanas, están organizándose para manifestar su inconformidad por el errático y opaco desarrollo de los trabajos carreteros.

Resolutivo que obligaba a las autoridades a no afectar la flora y la fauna silvestre y a cuidar los ríos, cauces y escurrimientos de agua hacia la costa.

Los habitantes de la región se han dado cuenta de que el beneficio será para los concesionarios y para quienes transitan desde otros lugares, ya que los viajeros ni siquiera se detendrán en las poblaciones cercanas al nuevo trazo, y por ello los residentes sienten que los accesos diseñados en Emilio Carranza y San Rafael son insuficientes y de poco interés para transportarse.

En la zona que atraviesa la autopista se han presentado en los años recientes fuertes movimientos sociales en contra de otros proyectos de inversión, que a juicio de los inconformes, están afectando a la población, más que beneficiando o impulsando el desarrollo regional.

En entrevista con el Sociólogo Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA, el dirigente destacó que en la zona donde se desarrolla la obra, la población se encuentra inquieta por esos trabajos y por el impacto negativo de los proyectos mineros de Caballo Blanco en el cerro de La Paila, casi enfrente de la nucleoeléctrica. También dijo que seguirán luchando para que se cancele en definitiva el paso de gasoductos; que se oponen al uso del fracking como técnica extractiva de gas y petróleo que impulsa Pemex desde Pueblo Viejo hasta la sierra de Misantla, y también, su rechazo a la construcción de hidroeléctricas en las cuencas del Río Bobos y del Río Los Pescados.

Trazo de la autopista Cardel y Poza Rica, de una extensión de 129 kilómetros que inicia frente a la planta nucleoeléctrica y termina en el poblado de Totomoxtle, Veracruz.

Sobre la autopista, Rodríguez Curiel señaló: “Cuando uno ve ese proyecto, piensa que era más fácil ampliar la carretera federal 180, antes que hacer otra nueva. El otro tema es el PERE de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, que estableció en 1980, y que señala que tiene que haber 4 carriles en la carretera principal y contar con caminos con pavimentación adecuada. Pero nada de eso se cumplió. Por eso ahora, era más sencillo y económico, y dado que ya hubo una afectación ambiental en la actual carretera federal, ampliarla a cuatro carriles. Hasta La Mancha, lo que existe es de 4 carriles, más adelante esta el tramo de dos carriles a Laguna Verde y luego lo que ya están construyendo. En conclusión, y dado que una buena parte será sólo de dos carriles, esta no es una carretera tipo A4, sino que es la suma de dos de la 180 existente, más dos de la propia autopista en proceso. Y dicen también que esta autopista de 129 kilómetros la vas a recorrer en una hora, veinte minutos y que te vas a ahorrar media hora, o cuarenta y cinco minutos, pero no dicen cuánto van a cobrar. Entonces también en eso hay opacidad.”

“Y lo más preocupante es que estamos hablando que la nueva carretera afecta a un ecosistema serrano costero, único en el mundo, porque no hay otro lugar que tenga sierra y costa tropical. La empresa reconoce que la construcción va a provocar 76 impactos ambientales, pero mínimos, y lo peor, sin proponer ninguna remediación. A largo plazo, los daños ambientales, las enfermedades, el déficit hídrico, no lo compensas con nada. Ellos destruirán parte de la selva caducifolia, que es selva baja, cerca de la costa, pero que cuenta con encinos tropicales, lo que es una maravilla, una especie de clima templado, que ya es endémica de la zona y que no hay en otra parte.”

Foto: Saúl Ramírez.

“Algo que debo decir también, es que la empresa arrasa esos bosques de encino y varios manantiales, y que reconoce que por donde pasa el trazo, existe una alta diversidad, donde hay más de 357 especies de aves y mamíferos, cangrejo azul, etcétera; es una zona por donde baja el río de aves rapaces del norte a sur desde Norteamérica, cruzando hasta 300 mil ejemplares en un día y que en esos árboles de la región, se posan a descansar. Ellos rebanan cerros y cerros y se llevan, en 152 hectáreas de carretera, cerca de 35 mil árboles de encino, cedro y otras especies. La SEMARNAT les aprobó una MIA deficiente, que ofrece poca o ninguna remediación; dijeron que habrá daños ambientales, pero que la inversión dejará beneficios económicos. Pero el beneficio es para Mota Engil, sus socios y los constructores que subcontratan. En la zona no hay ningún beneficiario, porque hasta a los propietarios les pagaron a precios ínfimos, incluso a los de un ejido en el área de Totomoxtle. Sé que la familia Spinoso, que está renuente, se amparó, y puede parar la obra, pero entonces los aprietan y al final nos enteraremos que los vencerán en ese trámite. Lo que usted reclama es cierto, van a decirles, pero usted llegó demasiado tarde, y entonces veremos que perderán el amparo; así sucede siempre”.

 

“Ganadería, agricultura, pesca, turismo, servicios ambientales, bosque y actividades productivas, van a tener afectación y van a perder. A 20 ó 30 años, veremos problemas de agua, de temperatura, desempleo, porque hay un impacto en cambio climático, en los flujos de agua, deforestación, enfermedades, y si lo vemos, en lo inmediato ante nuestros ojos, también en la ruptura del paisaje. Se trata de una zona serrana-costeña, donde lamentablemente se destruirán hasta vestigios arqueológicos y mucha de la cuestión cultural, la herencia de los pueblos ancestrales. Es lamentable que no pudiéramos cambiar el trazo, como era la pretensión nuestra. Y es que en este sistema, hay que entender lo que decía el maestro Hank: “Si no hay obras, no hay sobras”.

Platanares de la región Nautla-San Rafael, Veracruz. Foto: Saúl Ramírez.

Por su parte, el ingeniero Ramón Rodríguez Alonso, ambientalista y comerciante en San Rafael, declaró que “la obra de la autopista en el municipio, provocará un grave riesgo de inundación ya que la construcción de terraplenes y deficientes obras de drenaje, originará acumulación de aguas pluviales en épocas de lluvia. Sobre todo, si hubiera escurrimientos de aguas como aquellos que se suscitaron en 1999 y que provocaron la muerte de más de 100 personas en toda esa zona, por donde precisamente cruza la autopista. En ese año, los ríos crecieron hasta seis metros de altura, rebasando las azoteas de las casas y creando grandes llanuras de inundación que se llevaron largos tramos de carretera.”

Rodríguez Alonso recordó que en las primeras reuniones sobre la autopista, los pobladores del área de influencia, propusieron a las autoridades federales que en esas zonas bajas, en lugar de terraplenes altos que se convertirían en muros contenedores de agua de lluvia, instalaran estructuras sobre pilotes o puentes que dejaran libre el paso del agua.

Concesión de la autopista Cardel- Poza Rica, otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al consorcio portugués Mota-Engil.

“Las fuertes y recurrentes precipitaciones de agua en la sierra de Misantla y las obras hidráulicas en la región, harán que San Rafael y localidades como Mentidero y otras de Gutiérrez Zamora y Papantla se conviertan en peligrosos estanques a causa de esos enormes terraplenes que ya se construyen dentro del proyecto de la autopista. Y la preocupación aumenta cuando se recuerdan la corrupción y las deficiencias constructivas como aquel fatídico socavón de la autopista a Cuernavaca que se llevó a varias víctimas en las lluvias de este año.”

En el aspecto del comercio local, dijo que “debe recordarse que en muchas de las poblaciones por donde actualmente pasan los viajeros, ellos suelen detenerse a hospedarse, a desayunar o comer o a adquirir los numerosos productos de la región como el queso, la mantequilla, la miel, el pan, frutas y cítricos. Cientos de pequeños comerciantes y prestadores de servicios turísticos verán significativamente disminuidas sus ventas. A ellos poco o ningún beneficio dará esa autopista. Conocen de sobra lo que sucedió con los pequeños comerciantes de Plan del Río, Cerro Gordo y Rinconada, cuando se construyó la autopista Xalapa-Cardel.”

Pero el tema que más les preocupa a los ambientalistas de la región, es el desinterés y abandono de los recursos de flora y fauna en todo ese trayecto. El espacio aéreo por encima del trazo de la obra, es el utilizado por los cientos de miles de aves migratorias que llegan desde Norteamérica a la zona del sistema lagunario de La Mancha y El Llano en Actopan, y saben que el ruido de la autopista y la destrucción de bosques impactarán de algún modo a esos animales y a la fauna nativa. Preocupan también los desplazamientos de tierra y los árboles derribados a causa de la autopista en diferentes cortes de lomeríos, que no saben cuándo serán reemplazados dentro de las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental que estipula la Ley.

Estanques a causa de los terraplenes construidos con obras de drenaje deficientes en la autopista Cardel-Poza Rica. Foto: Saúl Ramírez.

Lo triste de todo, es que muchos de los pobladores de la zona, cuando escuchan hablar de esa construcción, creen que la están haciendo como ampliación de la carretera federal 180 por donde transitan actualmente, ya que incluso recuerdan un extenso puente sobre un lago y un pequeño tramo de carretera cerca de la localidad de Santander, paralelos a la vialidad existente, que llevan muchos años abandonados sin ningún uso, y que todos piensan que es la dichosa autopista ofrecida hace más de treinta años, que por fin dará uso a esa fuerte inversión dejada a la suerte del tiempo y a las inclemencias de la naturaleza.

Basta con analizar los diferentes estudios y manifiestos de impacto ambiental autorizados por la SEMARNAT en diferentes años sobre toda esa zona costera de Veracruz, para apreciar las fuertes inconsistencias y medidas de prevención y remediación disminuidas en el proyecto nuevo, que esa misma institución autorizó en la MIA respectiva, mediante resolutivo expedido el 14 de septiembre de 2014, en oficio SGPA/DGIRA.DG.07970.

Algo que llama la atención en los documentos de licitación para esa concesión, visualizado en el texto del acta de la junta de aclaraciones con los participantes (11 de abril de 2014), fueron las numerosas preguntas de las empresas y las recurrentes respuestas de los funcionarios, donde se constata la inexistencia de proyectos ejecutivos y estudios de mecánica de suelos para puentes y obras de drenaje del anteproyecto presentado en ese entonces por la SCT, entre muchos otros aspectos deficientes, como también el hecho de haberles entregado a los concursantes, planos obsoletos, elaborados antes del 2000, y la preocupación de que no hubiese suficientes pasos ganaderos y peatonales.

Río Bobos. Foto: Saúl Ramírez.

Ojalá y ante ese conjunto de opacidades, negligencias ambientales, incongruencias y fallas técnicas, surjan instituciones como el Instituto de Ecología, para que antes de que ocurran problemas mayores, envíen a sus especialistas a supervisar el tema ambiental en ese proyecto carretero, y que las Secretarías de Desarrollo Económico y la de Protección Civil del estado, tomen las providencias necesarias respecto a los asuntos de la economía y de la prevención de riesgos por deslaves, socavones e inundaciones.

El sur de Veracruz ya sufre una autopista concesionada y construida con serias deficiencias técnicas y operativas. Ojalá que ésta, que comunicará con el norte del estado, cuente con más suerte y mejores supervisores que aseguren la óptima calidad de la autopista.