Asociaciones civiles arremeten contra Guardia Nacional

Presentaron al Congreso datos duros de violencia cuando militares se encargan de la seguridad

10 enero 2019 | 21:50 hrs | Agencias | Nacional

Ciudad de México.- En el Congreso continúan celebrándose las audiencias sobre la Guardia Nacional y hoy tocó el turno a especialistas en materia de derechos humanos y seguridad, quienes, sin duda, tundieron el dictamen propuesto para implementar el cuestionado proyecto gubernamental.

Organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos y hasta la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunciaron en contra del modelo propuesto en el dictamen y lo rebatieron con datos duros, técnicos  y estadísticos.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sugirió crear una corporación intermedia, civil y especializada para hacer frente al problema de la inseguridad en el país.

Frente a diputados y senadores, pidió que el Estado mexicano solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen de derechos humanos interamericano.

Por su parte, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Jan Jarab, reiteró su rechazo a la iniciativa y se mantuvo firme en que el mando de la Guardia Nacional sea civil, sin facultades de investigación y que sus integrantes sean siempre juzgados en el fuero civil por delitos o faltas administrativas.

Asimismo, el representante del organismo internacional advirtió sobre el riesgo de que la reforma permita la detención de personas en instalaciones militares y criticó que no existan suficientes controles desde el Congreso ni acciones concretas para fortalecer a las corporaciones civiles.

Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que el plan es incompatible con un Estado constitucional y subrayó la coincidencia de las intervenciones militares con el incremento de muertos y desaparecidos, frente al número de detenidos y procesados.

Morera advirtió que la aprobación de la Guardia Nacional sería como aceptar que no habrá un punto de retorno del Ejército a sus cuarteles, por lo menos en el mediano plazo.

La activista señaló que solo los regímenes autoritarios buscan que la primera cara del Estado sean los soldados y citó una muestra de 200 países, de los cuales 134 tienen un esquema civil y los otros 33 restantes uno militar, lo que coincide con Gobiernos autoritarios y poco desarrollados.

En su turno, Madrazo Lajous, pidió a los legisladores modificar el dictamen y recurrir al artículo 29 de la Constitución para establecer casos de excepción en los que pueden intervenir las Fuerzas Armadas.

Incluso, propuso fijar una fecha determinada, no posterior al primero de enero de 2022, como límite a la desmilitarización de la Guardia Nacional, sujetándola en todo momento a reglas de transparencia y uso de la fuerza propias de seguridad pública civil.