Arturo, incriminado

Una difícil decisión. Qué hacer, cómo actuar, qué declarar…

Foto: web
14 febrero 2018 | 10:44 hrs |

Por Roberto Valerde García

 

En un Veracruz de drogas, de narcos, de tráfico de armas, de asaltos, chupaductos, levantones, ejecuciones, desmembrados, fosas clandestinas, asesinatos inmisericordes de mujeres, ancianos y de niños, de calcinados, pozoleados, de fragmentos de huesos, de 124 carpetas de investigación abiertas por la desaparición forzada de 202 personas en 52 municipios del estado, ahora, también parece, mudo testigo de actos atroces, montruosos, como de película de terror.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero en 2014, presuntamente a manos de policías que habrían actuado por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca Velásquez a todos los mexicanos nos indignó. Hace algunos años las confesiones de un ex albañil que confesó haber disuelto en ácido a más de 300 personas nos horrorizó.

Pero este martes nos pone los pelos de punta enterarnos que el ex secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, ya preso en el penal de Pacho Viejo, habría ordenado sepultar en terrenos de la academia de policía de El Lencero a personas que presuntamente “levantaban” sus esbirros en diversas regiones del estado y sobre los cuales a la postre se construyeron sendos edificios de lo que es hoy el Centros de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS).

Peor aún, según versiones periodísticas, una víctima de la llamada “Fuerza Especial”, dedicada a la desaparición forzada de personas, revela desde el anonimato que otros cadáveres sirvieron de “alimento” para leones y cocodrilos que el ex jefe policiaco tuvo en un zoológico particular dentro de la misma academia policiaca.

¿Macabro?, sí; ¿criminal?, por su puesto; ¿verídico?, e ahí el gran dilema. Están las afirmaciones de viva voz de un presunto testigo, pero para corroborarlas las autoridades tendrían que derribar edificios, sí, edificios que están en la academia de El Lencero y que son propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz y prácticamente imposible averiguar cuántos, a quiénes devoraron presuntamente las “mascotas” del ex jefe policiaco.

En el caso de los 43 de Ayotzinapa, hasta hoy se desconoce dónde quedaron los cuerpos y sus familias, a pesar de su dolor, siguen buscándolos y en pie de lucha. La Fiscalía General del Estado y hasta la Procuraduría General de la República están obligadas a investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, inclusive no debemos descartar que el asunto trascienda y llame la atención de organismos internacionales, no es un asunto menos, conste.

Una difícil decisión. Qué hacer, cómo actuar, qué declarar, es sin duda una prueba de fuego para la administración estatal que con la detención de 19 policías, al parecer involucrados en desapariciones forzadas, puso el dedo en la llaga, pero ya no hay marcha atrás, el excremento empieza a brotar y están obligados a seguir adelante.

Sin dudas los colectivos de familiares de desaparecidos ejercerán mucha presión en los días por venir y con justificada razón, pues si mi hijo, mi hermana, mi padre, pudieran estar sepultados bajo un edificio público, no me importaría que tuvieran que derribar el mismísimo palacio de gobierno, el legislativo o el judicial con tal de recuperar sus restos ¿o usted no?