Ahora, violencia política

24 enero 2018 | 11:30 hrs | | Filiberto Vargas Rodríguez

Por Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Contrario a lo que en un principio se sugirió, no fue la PGR la que solicitó al juez una prórroga de la investigación para el caso que lleva contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Fue la defensa del exgobernador veracruzano la que planteó la posibilidad que dicho plazo, que se venció el pasado lunes, se prorrogara. *** El juez Gerardo Moreno recibió una notificación formal de la defensa de Duarte, el pasado fin de semana, en la que pedía que el 22 de enero no se cerrara el plazo de investigación complementaria y que se ampliara por otros seis meses. *** En un principio se había sugerido que sería el Ministerio Público, el que haría tal solicitud, con el fin de que la audiencia que tendrá lugar el 31 de enero, lo mismo que la información que se pudiera obtener, pudieran ser incluidas en el proceso. *** La PGR está solicitando al juez que le autorice el acceso a la información financiera que posee la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de incorporarla como elemento probatorio. Esa información ya la posee la PGR, pero en virtud de que la obtuvo de forma irregular (sin la orden de un juez) el juzgador podría decidir que esos elementos no sean considerados válidos en el proceso. *** En esa lógica, lo que los especialistas anticipaban es que la defensa de Javier Duarte insistiría en que el período de investigación se diera por concluido, de manera que pudieran librarse de todos esos documentos incriminatorios. *** Si son los abogados del exgobernador los que están pidiendo la prórroga, debe ser porque ellos a su vez no han conseguido los testimonios suficientes para conseguir la exoneración de su cliente. *** El desenlace de esta historia podría prolongarse otro medio año.

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En Coatzacoalcos, a pesar de las “nuevas estrategias” prometidas por Miguel Ángel Yunes Linares, la violencia no cede y –lo más grave- está dejando de tener su origen en la disputa de la plaza entre grupos delictivos, para convertirse ahora en “violencia política”, vinculada al proceso electoral que se avecina.

Este martes fue “levantado” el contador Elías Omry Gutiérrez Gordillo, director de Ingresos del ayuntamiento morenista de Coatzacoalcos. Lo que se sabe hasta el momento es en las primeras horas de la mañana, cuando se dirigía al Palacio Municipal, el funcionario fue interceptado por un grupo armado que lo bajó de su vehículo.

Contrario a su afán protagónico, en este caso el gobernador Miguel Ángel Yunes admitió que “no tenía mucha información” sobre el tema, que “algo había escuchado”, pero que el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no le había tomado las llamadas y, por lo tanto, no había tenido oportunidad de informarse.

Nunca mencionó, por supuesto, que tiene a un centro operativo del Grupo de Coordinación Veracruz, exclusivamente para ese municipio, que su fiscal-carnal, Jorge Winckler tiene a un Fiscal Regional asentado en ese mismo municipio y quien seguramente tomó conocimiento de la denuncia por la desaparición forzada del funcionario municipal.

Pero como el alcalde no le tomó la llamada, entonces el gobernador lo culpó de mantenerlo desinformado.

Llama la atención que el atentado haya sido contra un funcionario del área financiera del ayuntamiento local.

En días recientes se ha especulado mucho acerca del montaje de una extensa red de operadores financieros para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que habrían sido asignados a las áreas administrativas de las instituciones que ahora gobierna Morena. En Veracruz el botín sería especialmente apetitoso, pues Morena obtuvo la victoria en municipios con grandes presupuestos, como Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Minatitlán.

Miembros de la estructura electoral de Morena en la entidad veracruzana han sugerido que el secuestro del contador Gutiérrez Gordillo (este sí egresado de la Universidad Veracruzana y con antecedentes profesionales en el sur de la entidad) tiene que ver con la estrategia de represión y acoso por parte del gobernador de Veracruz en contra de Andrés Manuel López Obrador y de Morena.

Apenas el domingo, durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares admitió que uno de los puntos en los que la violencia se había incrementado era en Coatzacoalcos y anunció medidas adicionales para esa zona.

Hace menos de un mes, en cartulinas colocadas sobre cuerpos desmembrados, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le aclaraba al gobernador que si se había reducido la incidencia de secuestros en la zona sur era gracias a la operación de “limpieza” que ese grupo criminal estaba realizando y le sugería “no pararse el cuello”.

En el periódico El Universal, el analista Héctor De Mauleón publicó este miércoles que el nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, habría anunciado que desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación “es el objetivo prioritario del gobierno federal”.

En el artículo se menciona que mediante la violencia y la cohesión con otras organizaciones criminales, entre ellas varias bandas regionales, el CJNG estaba controlando los puertos del Pacífico “y peleaba por quedarse con los del lado del Golfo”.

Mientras tanto, en el periódico Milenio, el columnista Carlos Puig dio a conocer la exoneración de Érick Valencia Salazar o Éric Valencia Salazar o Gerardo Sánchez Espinoza, alias “El 85”, por los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Puig remata así su comentario:

“¿Qué tan mal se armó ese expediente que ahora ha merecido la absolución? ¿Y el juez? ¿Cómo decidió? Por cierto, el 6 de enero fue liberado, en Jalisco también, el yerno de ‘El Mencho’. Los abogados del cártel de Jalisco Nueva Generación deben ser unos genios. O algo anda muy mal”.

Al menos en Veracruz lo que se alcanza a percibir es que esa organización criminal le está “haciendo la chamba” el gobernador. Nada raro sería que también le encargaran algunos temas de índole electoral.

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Epílogo.

Jorge Fernández Menéndez, analista especializado en temas de Seguridad Nacional, reconoce en la propuesta de José Antonio Meade la primera que toma con seriedad el tema y aporta “capítulos esenciales en cualquier esfuerzo serio, real, de retomar el control de la seguridad en el país”. Anota el especialista que en el país urge legislar sobre la extinción de dominio para poder quitarles recursos y dinero a los delincuentes y a sus operadores. *** Y lo explica así: “En relación con El Chapo Guzmán. A un año de su extradición a EU y después de todo lo que se ha hablado sobre la fortuna de El Chapo (Trump llegó a decir que con los recursos que le quitarían al jefe del cártel de Sinaloa se pagaría el muro en la frontera), lo cierto es que no se le ha quitado ni un dólar ni a él ni a sus familiares”. *** Y remata: “Por supuesto que se debe hacer más, mucho más, pero estamos hablando de propuestas serias, no de una ocurrencia como aquella de una amnistía a los narcotraficantes”. *** El Precandidato del PRI a la gubernatura, Pepe Yunes, afirmó este martes en Tuxpan: “No puede tolerarse otra Alerta de Género en Veracruz, bajo ninguna circunstancia”. En un encuentro con mujeres priistas, Pepe Yunes dijo ser un convencido del importante papel que juega la mujer en el ámbito público y político. “Veracruz no puede ser el segundo estado con más feminicidios. Veracruz tiene que ser ejemplo de mujeres que no son discriminadas, en ningún aspecto. Veracruz tiene que contrastarse con el resto del país como el lugar donde no se les violenta, donde no se les lastima o agrede. Y Veracruz tiene que ser ejemplo nacional de estado donde pueden participar sin ningún tipo de ataduras”.

filivargas@gmail.com

*Esta es opinión personal del columnista.