Adiós a Ruiz Esparza

18 agosto 2017 | 9:41 hrs | Ángel Álvaro Peña

Gerardo Ruiz Esparza tiene los días contados al frente de la Secretaria de comunicaciones y Transportes. No se retira por cumplir la edad para jubilarse, 68 años, ni para no estorbar en las investigaciones sobre la responsabilidad de la muerte de dos personas en el Paso Exprés de Cuernavaca, sino ante las sospechas de impunidad que sobre él pesan.

Detrás de su trabajo en la función pública tiene otros señalamientos sobre corrupción, como el hecho de que las carreteras concesionadas en el Estado de México construidas cuando era secretario de Comunicaciones y transportes en la entidad, cuando Peña Nieto era gobernador, sean muy cortas y muy caras. Muchas veces de longitudes innecesarias pero de cobros excesivos.

Gerardo Ruiz Esparza nació en la Ciudad de México en 1949 y ha sido funcionario público durante casi 50 años. Es el albañil del Grupo Atlacomulco. Estableció una excelente relación de negocios con constructoras bajo sospecha como Grupo Higa y OHL México, mientras quebraba la constructora mexicana ICA.

Fue el Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México (2005-2011) con Enrique Peña Nieto como Gobernador; y luego en el ámbito federal.

El colmo de la impunidad ocurre el 12 de julio, cuando el Paso Exprés, que tres meses antes inauguró el amigo de Ruiz Esparza, Enrique Peña Nieto, hace hueco y mueren dos personas.

De acuerdo con los peritajes, las dos víctimas permanecieron con vida entre 90 y 120 minutos después del impacto; no obstante, las labores de rescate tardaron alrededor de ocho horas.

En su construcción, viciada desde el inicio, se registraron retrasos, pagos no justificados y modificaciones en la obra, sin la autorización requerida, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2015 hecha por la Auditoría Superior de la Federación.

La auditoría señalaba que podían recuperarse 270 millones de pesos del gasto erogado ese año, por las irregularidades detectadas, y quedaba pendiente aclarar un gasto de 31.8 millones. El costo del Paso Exprés terminó duplicándose. Originalmente la obra a cargo de las empresas Aldesem y Epccor costaría 1,045 millones de pesos, IVA incluido, pero terminó elevándose a 2,213 millones de pesos, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La obra también se entregó con un retraso de cinco meses. Los 14.5 kilómetros y 10 carriles con los que se agilizaría el cruce de Cuernavaca a no más de 15 minutos, se licitó desde finales de noviembre de 2014 y debía entregarse dos años después, el 28 de noviembre de 2016.

Los trabajos incluían obras de drenaje, pavimentos, estructuras, entronques, obras complementarias y señalamientos. La obra se retrasó y el plazo de entrega se difirió hasta el 5 de enero de 2017, aunque fue inaugurada en abril de 2017.

La SCT reconoció fallas, anomalías y omisiones en su construcción. Gerardo Ruiz Esparza, precisó que a partir de las revisiones técnicas e investigaciones que se llevan a cabo en el tramo afectado, así como de dictámenes preliminares de peritos independientes, se han detectado estas situaciones por parte de las empresas del consorcio constructor.

En 2016, la ASF revisó la obra y el gasto realizado, y encontraron que la SCT había autorizado pagos por 257.6 millones de pesos “sin que se justificaran los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos”. Es decir, no hubo prácticamente supervisión de obra a pesar de que en ese rubro se gastaron 7.5 millones de pesos.

Según el portal Sin embargo, la ASF detectó el pago de más de medio millón de pesos por servicios que no se realizaron o que se inflaron, pues la SCT no verificó que “existían diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados”.

Ante este panorama legisladores del PAN, del PRD y de Morena, exigen la renuncia e investigación del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, principalmente por el socavón en la carretera Paso Exprés Cuernavaca que provocó la muerte de dos personas, pero también por toda la trayectoria de sospechas e implicaciones en actos de corrupción, como son los casos de la constructora OHL México, la cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, entre otras muchas obras y complicidades.

Existe una total impunidad en el caso del socavón abierto, razón por la cual sólo fue destituido el director general del Centro SCT-Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, supuestamente por no atender puntualmente la advertencia de los vecinos y autoridades locales sobre el estado de la obra pública.

A su vez, el ex titular del SAT, Aristóteles Núñez Sandoval, también le pidió que deje el cargo.

La intensa labor en actos de corrupción de los integrantes de la actual administración pública, hace más vulnerable al PRI. En el Estado de México, de donde vienen trabajando juntos Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza, el PRI perdió más de un millón de votos en las pasadas elecciones del 4 de junio, cuando se compitió en las urnas por la gubernatura.

El desgaste del PRI no sólo proviene de los resultados cada vez más raquíticos en la votación sino de la conducta que muestran sus militantes en su responsabilidad política y administrativa.

Casos como el de los ex gobernadores de Veracruz, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, Edomex, Coahuila, Tamaulipas, etc., restan votos al PRI, y sus disposiciones de gobierno son cada día más antipopulares. Con funcionarios públicos como Emilio Lozoya, Gerardo Ruiz Esparza, Aurelio Nuño, o líderes sindicales cobijados por el PRI como Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps o Víctor Flores, el tricolor desgasta su imagen en lugar de llamar a cuentas a sus militantes enriquecidos en el poder.

La imagen del secretario de Comunicaciones y Transportes es el símbolo de la impunidad. La evidencia fue expuesta a la vista de todos, a través de una obra realizada con mala calidad, sin supervisión y con una negligencia de la que nunca quiso enterarse el secretario, de ahí su responsabilidad. Es por ello que no llegará muy lejos su ya larga carrera político-administrativa. PEGA Y CORRE.- Javier Duarte de Ochoa, preso por corrupción y saqueo de las arcas públicas de Veracruz, anunció que inició una huelga de hambre en el reclusorio donde se encuentra, para denunciar la “persecución política” de la que es objeto… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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*Esta es opinión personal del columnista